El marco legal actual permite distintas formas de organización y reparto de la energía, ajustadas a la distancia entre los participantes y las instalaciones de generación. Las comunidades energéticas locales no solo aportan beneficios económicos, sino que promueven la eficiencia energética, la soberanía energética y la cohesión social.
Además, constituyen una herramienta clave para alcanzar los objetivos de transición ecológica y descentralización del modelo energético.